La Defensa del Territorio y el Medio Ambiente en México: Un Grito de Resistencia y Esperanza

Escrito por admin — junio 17, 2025
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México, una nación reconocida por su vasta biodiversidad, se encuentra simultáneamente en el epicentro de numerosos y complejos conflictos socioambientales. La defensa del territorio y el medio ambiente en este contexto no es una abstracción teórica, sino una lucha tangible y vital por la supervivencia, la identidad cultural y los derechos fundamentales de las comunidades.

La protección del medio ambiente está intrínsecamente ligada a la salvaguarda de quienes lo defienden. Los defensores ambientales representan la primera línea de resistencia contra la degradación ecológica y el despojo. Se enfrentan a una violencia estructural diseñada para imponer megaproyectos y arrebatar a los pueblos sus recursos naturales vitales. Su labor es crucial no solo para la conservación de ecosistemas vitales, sino también para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, un pilar fundamental para el desarrollo y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Sin embargo, en el país se observa una profunda contradicción: los proyectos de “desarrollo” a gran escala, como la minería, la energía y la infraestructura (incluyendo el Tren Maya y el Corredor Interoceánico), son los principales catalizadores de los conflictos socioambientales. Los informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Mongabay revelan un patrón alarmante de agresiones severas, que incluyen asesinatos y desapariciones, contra quienes se oponen a estas iniciativas. El discurso del “desarrollo” y la “modernización” parece servir para justificar una destrucción ecológica significativa y la supresión de la resistencia local legítima, lo que sugiere una incompatibilidad inherente entre los paradigmas de desarrollo actuales y la justicia ambiental. Los costos reales de este modelo se externalizan sobre las comunidades más vulnerables y los ecosistemas más frágiles.

Los conflictos socioambientales en México no son incidentes aislados; son el resultado de un modelo de desarrollo que prioriza la explotación de recursos naturales por encima de la sostenibilidad ecológica y los derechos comunitarios. La expansión de proyectos de gran escala se ha consolidado como la causa más frecuente y virulenta de los conflictos en el país.

La minería ha experimentado un crecimiento exponencial en inversión, multiplicándose 19 veces entre 2001 y 2012, con un monto de 7,647 millones de dólares en 2012. Los conflictos asociados a este sector se extienden por al menos diez estados, entre ellos Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. En 2023, la minería fue el sector con el mayor número de eventos de agresión contra defensores, registrando 30 incidentes. La minería a cielo abierto, en particular, es percibida como una amenaza grave de sobreexplotación y contaminación de acuíferos, destrucción de ecosistemas y despojo territorial, afectando de manera desproporcionada a tierras indígenas y campesinas. Las emisiones tóxicas de esta industria, que incluyen plomo, ácido sulfhídrico, cadmio, cromo, níquel y cianuro, representan el 70% del total nacional.

Los proyectos energéticos también son una fuente significativa de fricción. Estos abarcan la construcción de termoeléctricas, presas hidroeléctricas, parques eólicos y plantas de energía nuclear. Empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con numerosas empresas nacionales y extranjeras como Elecnor, Abengoa, Iberdrola y Mitsubishi Corporation, están directamente involucradas en estos proyectos. Los impactos documentados son severos, incluyendo la destrucción de ecosistemas, la muerte de fauna, la desecación de acuíferos, la inundación de asentamientos humanos y el despojo de tierras.

Grandes obras de infraestructura, como el extinto Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Estado de México, el Acueducto Independencia en Sonora, la Presa El Zapotillo en Jalisco, y los proyectos actuales del Tren Maya y el Corredor Interoceánico, son igualmente fuentes de conflicto. En 2023, los proyectos de rutas de comunicación fueron el segundo sector con más agresiones, con 18 casos, de los cuales 12 estuvieron directamente vinculados al Tren Maya y 6 al Corredor Interoceánico.

Finalmente, los proyectos turísticos y urbanos también generan una fuerte oposición comunitaria. Ejemplos incluyen megadesarrollos turísticos como la Riviera Nayarit y la instalación de tiraderos de residuos en localidades como Acayucan, Las Matas y Saltillo , o la construcción de complejos habitacionales en áreas de conservación. Más allá de los megaproyectos, la defensa ambiental se concentra en la lucha contra prácticas destructivas como la tala clandestina. Esta actividad afecta gravemente áreas como el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (Morelos/Estado de México), Montes Azules (Chiapas), y vastas zonas en Michoacán y Oaxaca. La contaminación del agua, evidente en el Río Sonora, Coatzacoalcos, los Valles Centrales de Oaxaca y Miahuatlán, así como la sobreexplotación de acuíferos, son motivos recurrentes de conflicto. La defensa del agua y la flora fueron los recursos naturales más defendidos en 2023, después del territorio.

Los conflictos socioambientales en México no se distribuyen de manera uniforme; se concentran en regiones específicas, reflejando patrones de explotación de recursos y la vulnerabilidad particular de ciertas comunidades.

El Sur-Sureste: Territorios Ancestrales Bajo Presión

Oaxaca es consistentemente una de las entidades con el mayor número de agresiones contra defensores. Los Valles Centrales han enfrentado serios problemas de contaminación del agua y disminución de acuíferos. La minería ha generado conflictos en San José del Progreso y Santa María Zotoltepec. La tala ilegal es una amenaza constante, ejemplificada por la desaparición de la defensora Irma Galindo Barrios en San Esteban Atatlahuca en 2021, ligada a sus denuncias contra esta actividad.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un megaproyecto que ha generado una intensa resistencia y represión en la región. Se han documentado 26 agresiones contra personas defensoras entre octubre de 2021 y marzo de 2023 en el marco de su construcción, incluyendo intimidación, hostigamiento, amenazas, criminalización, violencia física y homicidio. Las comunidades se oponen a la instalación de parques industriales y proyectos eólicos, denunciando despojo territorial y procesos de consulta irregulares. Casos como el asesinato de Félix Vicente Cruz en San Francisco Ixhuatán y la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Noel López Gallegos en Santa María Mixtequilla están directamente vinculados a la oposición a este corredor. La criminalización de defensores como David Hernández Salazar y Edgar Regalado por oponerse a la extracción ilegal de materiales para la obra es una táctica recurrente.

En Chiapas, la Selva Lacandona, un ecosistema vital y reservorio de biodiversidad, ha sufrido una pérdida del 63% de su territorio original en las últimas cuatro décadas.1 La deforestación y la minería son las principales causas de conflicto en la región. Chiapas registró 9 eventos de agresión contra defensores en 2023.

Puebla y Morelos han sido escenarios de conflictos por proyectos energéticos e hídricos. En Puebla, se han emitido voces de alarma por el aumento de casos de leucemia y otras enfermedades vinculadas a la contaminación industrial. Proyectos hidroeléctricos, como el de Coyolapa-Atzala, han provocado agresiones, incluyendo un intento de homicidio y allanamiento contra defensores. En Morelos, el Proyecto Integral de Morelos (PIM), que incluye una termoeléctrica, ha sido un punto central de resistencia, con el asesinato de Samir Flores Soberanes en 2019 como un caso emblemático de la violencia que enfrentan los opositores a estos megaproyectos.

En la Península de Yucatán (Campeche, Yucatán, Quintana Roo), el Tren Maya es el megaproyecto insignia que ha generado una intensa controversia. Aunque el gobierno lo promueve como un motor de desarrollo y bienestar con bajo impacto ambiental, diversos estudios y organizaciones denuncian impactos ambientales severos. Estos incluyen la posible pérdida de 2 millones de hectáreas de selva para 2050 sin un plan de restauración adecuado, un potencial colapso ecológico en áreas críticas como la Reserva de la Biósfera de Calakmul, contaminación por residuos peligrosos, ruido, vibraciones, luz artificial, estrés hídrico y cambios de uso de suelo por la creación de nuevos centros urbanos sin planificación. Campeche registró 7 agresiones en 2020 relacionadas con proyectos de vías de comunicación, y Quintana Roo también ha visto agresiones en el contexto de la planeación del Tren Maya.

El Occidente y Norte: La Batalla por la Tierra y el Agua

En Aguascalientes, La Pona es uno de los espacios naturales más importantes del estado en términos de conservación ecológica. Según datos del Instituto del Medio Ambiente de Aguascalientes, esta área onserva uno de los últimos fragmentos de matorral espinoso dentro de la mancha urbana, además de cuerpos de agua que sostienen una gran diversidad biológica. La Pona funciona como un refugio para numerosas especies de flora y fauna adaptadas a ambientes semidesérticos, gracias a su vegetación característica de bosque de mezquite, donde predominan especies como el mezquite (Prosopis laevigata), el pirul (Schinus molle) y el huizache (Acacia farnesiana) y a su función como hogar de aves como el tordo (Quiscalus mexicanus), la paloma de alas blancas (Zenaida asiatica), la huilota (Zenaida macroura), la torcacita (Columbina inca) y el gorrión mexicano (Carpodacus mexicanus). También se encuentran mamíferos como el conejo (Sylvilagus audobonii), la liebre cola negra (Lepus californicus) y el tachalote (Spermophilus variegatus), además de reptiles como la lagartija llanera (Aspidocelis gularis) y la lagartija mezquitera (Sceloporus grammicus). Además de su función como captador de carbono, La Pona también actúa como un regulador acústico natural y ayuda a la recarga de los mantos freáticos.

LA PONA no es cualquier espacio verde: es un ecosistema vital para la recarga de mantos acuíferos, la regulación climática y el resguardo de biodiversidad dentro de la mancha urbana. Sin su protección, nuestro futuro hídrico y ambiental está en riesgo. Firma la iniciativa para defender este pulmón de Aguascalientes.

Michoacán y Jalisco conforman un “corredor minero” de alta conflictividad y agresión. Michoacán ha sido escenario de múltiples asesinatos de defensores ambientales, con 4 casos documentados solo en 2020. La tala clandestina es un problema endémico, como lo demuestra el asesinato de Raúl Hernández Romero, defensor del santuario de la mariposa monarca, por su oposición a esta actividad ilegal. El caso de San Miguel Aquila es un ejemplo paradigmático de la lucha contra la minería, donde la comunidad nahua ha exigido el control y regalías justas de la mina Las Encinas. La desaparición forzada de los defensores Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia en enero de 2023, tras una asamblea comunal, ilustra la brutalidad de la violencia ligada a los intereses mineros y la delincuencia organizada. La comunidad, a raíz de estos eventos, se encuentra “dispersa, aterrorizada y casi imposibilitada de actuar colectivamente”. La desaparición, en este contexto, no es solo una trágica consecuencia de la violencia, sino una herramienta estratégica calculada. Su propósito es desmantelar la organización comunitaria, quebrar la voluntad colectiva y eliminar el liderazgo, allanando así el camino para la progresión sin obstáculos de proyectos extractivos o de infraestructura. El efecto paralizador de esta táctica se extiende más allá de las víctimas directas, creando un ambiente donde las comunidades se ven forzadas a elegir entre sus derechos fundamentales y su seguridad física.

Jalisco fue el estado con el mayor número de eventos de agresión contra defensores en 2023 (20 eventos). La construcción de la Presa El Zapotillo ha generado una década de lucha por parte de los pobladores afectados por la amenaza de inundación de sus comunidades. El asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, defensor de la Sierra de Manantlán contra la tala ilegal y la minería, es un caso reciente que subraya los riesgos en la región.

En Sonora, el Río Sonora ha sido el más afectado por la minería, sufriendo el peor desastre ambiental del país. La construcción de la Presa Los Pilares y la propuesta de una planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa (en la región del Golfo de California), también han generado conflictos. La vaquita marina en el Golfo de California es un símbolo de una problemática compleja con profundas aristas sociales y económicas. El asesinato del botánico Gabriel Trujillo en Yécora en 2023, mientras realizaba investigación de campo, destaca los riesgos para quienes estudian y defienden la biodiversidad en la región. La desaparición de siete yaquis en 2021 también es un caso relevante de violencia en el contexto de defensa territorial. En Baja California, los pobladores de Mexicali han mantenido una lucha persistente contra la planta de Constellation Brands, principalmente por el uso y la escasez del agua.

Otros Puntos Críticos a Nivel Nacional

En el Estado de México, además de la tala clandestina en Lagunas de Zempoala y el conflicto del NAIM, el estado ha sido escenario de agresiones relacionadas con la defensa del agua. Los asesinatos de Cuauhtémoc Márquez Fernández y Álvaro Arvizu Aguiñiga en Tlalmanalco en 2023, ambos opositores a la explotación hídrica por empresas transnacionales, son ejemplos claros de esta violencia.

En Veracruz, la contaminación generada por la industria petroquímica en Coatzacoalcos es un conflicto socioambiental bien documentado. El Río Coatzacoalcos es un cuerpo de agua con alta conflictividad. En 2020, un defensor ambiental fue asesinado en su domicilio por proteger una reserva natural y un manantial, ilustrando la violencia que enfrentan los activistas en este estado.

Guerrero es un estado con un alto índice de violencia contra defensores. En 2020, cuatro indígenas nahuas, miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fueron torturados y asesinados. En 2023, varios miembros de CIPOG-EZ fueron asesinados o desaparecidos en Chilapa, incluyendo Esteban Xochitempa Tepexco, Juan Xochitempa Macario, Albertha Santos Tomas, José Juan Hernández Fiscaleño, y Bonifacio Xochitempa Tlalxintli, en el marco de sus luchas por la defensa territorial. Marcelino Hernández Tecorral, también de CIPOG-EZ, fue víctima de una probable ejecución extrajudicial. La Sierra de Manantlán, compartida con Jalisco, también está marcada por la presencia minera y el narcotráfico.

La evidencia de la interconexión entre la defensa ambiental, el crimen organizado y los derechos humanos es innegable. La presencia de grupos delictivos como agresores directos, facilitadores de la explotación ilegal de recursos y perpetradores de violencia para lograr sus objetivos, en un contexto de insuficiencia o incluso complicidad estatal, transforma la defensa ambiental en una crisis de derechos humanos profundamente entrelazada con el problema generalizado del crimen organizado y la impunidad. Las economías ilícitas derivadas de la explotación de recursos naturales ofrecen un poderoso incentivo para la violencia, convirtiendo a los defensores ambientales en blancos directos por obstaculizar operaciones lucrativas. Esta compleja relación requiere un enfoque holístico que trascienda las medidas tradicionales de protección ambiental para abordar cuestiones de seguridad, justicia y estado de derecho.

Estrategias de Resistencia: La Fuerza de las Comunidades

Frente a la violencia y el despojo, las comunidades y defensores ambientales en México han desarrollado y fortalecido una diversidad de estrategias de resistencia, demostrando una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Estas estrategias reflejan no solo una respuesta a la agresión, sino también una afirmación de sus derechos y su visión de un desarrollo alternativo.

Organización comunitaria y movilización social

La base de la defensa territorial y ambiental radica en la auto-organización de los pueblos, el fortalecimiento de sus autoridades tradicionales y la realización de asambleas. Estas reuniones son fundamentales para la concientización, el intercambio de información y la toma de decisiones colectivas. Un componente crucial de esta organización es la creación de grupos de resistencia activa, como las policías comunitarias y las “defensas comunitarias”, dedicadas a la vigilancia del territorio y al boicot de empresas que amenazan sus recursos. La movilización comunitaria se manifiesta a través de diversas acciones de visibilización y protesta, tales como tomas de instalaciones, bloqueos de vías, manifestaciones y marchas, que en ocasiones logran la expulsión de promotores de proyectos o la paralización de obras.

Acciones legales y administrativas

Los defensores utilizan el marco jurídico existente para exigir el respeto de sus derechos y denunciar violaciones. Esto incluye el recurso de amparo, una herramienta legal clave para buscar la suspensión de obras o la protección de derechos ante tribunales. Un ejemplo notable es el amparo interpuesto en 2020 contra el Tren Maya, que busca un análisis profundo de sus impactos ambientales, sociales y culturales. Se emplean también los juicios agrarios para emplazar a juicio y resolver irregularidades e injusticias relacionadas con la tenencia de la tierra en ejidos y comunidades.

A nivel administrativo, se recurre a la presentación de oficios de inconformidad, la solicitud de audiencias y visitas de campo ante autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El objetivo es cuestionar las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), los cambios de uso de suelo y los planes de manejo ambiental de los proyectos.

La exigencia del derecho a la consulta previa, libre e informada (FPIC), reconocido para los pueblos indígenas, es fundamental antes de la aprobación de cualquier proyecto que afecte sus tierras y recursos. La falta de consulta o la realización de procesos irregulares son denuncias constantes en megaproyectos como el Corredor Interoceánico. Además, se busca la solicitud de medidas cautelares ante instancias internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de obtener protección vinculante para los defensores y sus comunidades.

Alianzas estratégicas y difusión mediática

La defensa abarca dimensiones legales, sociales, políticas, económicas e incluso espirituales, como lo demuestra la importancia de los pinos sagrados en Cherán, cuya tala ilegal provocó un levantamiento comunitario. Para las comunidades indígenas, su territorio no es simplemente un recurso a explotar o proteger, sino una parte inseparable de su identidad colectiva, historia y futuro. Por lo tanto, la defensa ambiental se convierte en una lucha por la supervivencia cultural y la preservación de un modo de vida distinto. Esta profunda conexión hace que su resistencia sea particularmente resiliente y a menudo innegociable, lo que subraya las profundas implicaciones culturales y existenciales de estos conflictos socioambientales en los territorios indígenas.

Si bien México cuenta con un marco legal para la protección ambiental y los derechos humanos, su aplicación efectiva y la garantía de justicia siguen siendo desafíos críticos. A pesar de la existencia de este marco legal, la efectividad de su aplicación es un desafío persistente. La impunidad en México es alarmantemente alta, superando el 98% en muchos delitos. Esta falta de justicia se extiende a los casos de agresiones contra defensores ambientales. Existe una notoria falta de protección efectiva para los defensores, especialmente para las comunidades indígenas, quienes son desproporcionadamente afectadas. Las inconsistencias y la falta de actualización en los registros oficiales de personas desaparecidas y no localizadas también complican la búsqueda de justicia.

Un aspecto crítico es la criminalización de los defensores en lugar de su protección. En 2024, 77 defensores ambientales y del territorio fueron criminalizados. Esta táctica legal se utiliza para desgastar, deslegitimar y silenciar a quienes se oponen a proyectos extractivos o de infraestructura, desviando la atención de los impactos ambientales y las violaciones de derechos humanos.

La defensa del territorio y el medio ambiente en México es una lucha compleja y multifacética, marcada por la valentía de las comunidades y defensores, pero también por un contexto de violencia e impunidad alarmante. El análisis de los conflictos socioambientales revela que estos son impulsados principalmente por un modelo de desarrollo extractivista y por la implementación de megaproyectos en sectores como la minería, la energía y la infraestructura.

A pesar de este panorama sombrío, las comunidades han demostrado una notable resiliencia y capacidad de organización. Sus estrategias de resistencia son diversas, abarcando desde la movilización social y la autodefensa comunitaria hasta el uso de herramientas legales y administrativas, la construcción de alianzas estratégicas y la promoción de modelos alternativos de gestión territorial. Estos esfuerzos, arraigados en una visión holística del territorio como parte integral de su vida y cultura, son esenciales para la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales del país.

En ese sentido, el acompañamiento de la sociedad civil no debe limitarse a ser parte como agentes externos. Es necesaria una articulación completa de la sociedad para que la fuerza de quienes defienden el territorio se maximice y la responsabilidad del cuidado y defensa no recaiga en unxs cuántos. Urge una organización con múltiples herramientas, tanto humanas como tecnológicas para proteger los recursos naturales, los cuales pertenecen a todxs.

Obras citadas

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