¡Exijamos la Verdad sobre la Deuda! ¡Que la paguen los corruptos, no el pueblo!

Señora Presidenta, Señoras Diputadas, Señores Diputados:

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 revela una contradicción que pagamos con nuestra vida y nuestro territorio: mientras se recorta el 4% al sector medio ambiente (que ya sufrió un recorte del 40% en 2024), se inyectan miles de millones de pesos a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo.

Usted misma, Señora Presidenta, lo ha señalado: estamos ante una “maldita deuda corrupta” contraída por las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Una deuda que para 2026 exigirá $250,000 millones de pesos sólo en intereses —equivalente a construir tres aeropuertos AIFA y medio—, dinero que es desviado de los derechos y las necesidades más urgentes de la población: la adaptación y mitigación al cambio climático, la salud, la educación y la vida digna.

Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) recibe 517,362 millones de pesos, a la Secretaría de Medio Ambiente le dan 12 veces menos y a Salud 8 veces menos. La apuesta actual para financiar más FRACKING (bajo el eufemismo de “explotación no convencional de yacimientos de geología compleja”), conlleva graves riesgos para la vida, el agua y la salud. Además, el presupuesto actual de Pemex, que tiene conlleva ya una alta carga de deuda, no es suficiente para la expansión del fracking, por lo que su desarrollo significará más endeudamiento.

La trampa que nos quieren imponer: “No se puede no pagar”. Frente a esta afirmación, nos basamos en el Derecho Internacional para declarar: ¡SÍ SE PUEDE DEJAR DE PAGAR UNA DEUDA ILEGÍTIMA!

Un Estado NO está obligado a pagar deudas contraídas mediante corrupción, que no beneficiaron a la colectividad o que financiaron proyectos causantes de daños ambientales y violaciones a los Derechos Humanos. Principios y resoluciones de la ONU, la doctrina de deudas odiosas y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados respaldan este derecho. Pagar una deuda ilegítima es perpetuar el saqueo.

Nosotrxs le preguntamos, señora Presidenta: ¿qué clase de soberanía es aquella que expande tecnologías dañinas para la gente y los territorios? ¿Es soberanía hacernos completamente dependientes de los fósiles, cuando hay un declive geológico global de estos recursos no renovables? ¿La soberanía es producir energías para la maquila, la fábrica y la exportación? ¿Es realmente soberano la expansión de una tecnología tan dañina, prohibida en tantos países del mundo?

El camino frente a la trampa: La Auditoría Integral de la Deuda. No se trata de “rescatar” a una empresa petrolera fallida que nos trae más costos que beneficios, sino de rescatar nuestro futuro. Exigimos que la Comisión de Hacienda promueva y la Presidencia de la República active de inmediato una: AUDITORÍA INTEGRAL Y CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA DEUDA DE PEMEX.

Esta auditoría, con participación ciudadana y transparencia total, debe:

Identificar y documentar los componentes ilegítimos, corruptos y opacos de la deuda (como los desvíos del "huachicol", las recompras de deuda, las pensiones exorbitantes y los contratos lesivos).
Investigar el vínculo entre el endeudamiento y el financiamiento de proyectos extractivistas que han devastado nuestros territorios.
Fundamentar jurídicamente la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas.

Anular la deuda ilegítima no es una opción, es una necesidad. Es la salida real para detener el extractivismo que drena nuestros cuerpos y territorios, y para redirigir esos recursos hacia los derechos, la justicia climática y social.

Nuestra visión es clara: Queremos un México donde el presupuesto se destine a la vida, no a tapar agujeros de corrupción. Queremos un país que enfrente la crisis climática con recursos suficientes, no uno que hipoteque su futuro por una deuda que nunca fue nuestra.

Hoy más que nunca necesitamos de ti. Firma esta petición, exígele a la Comisión de Hacienda y a la Presidenta que auditen la deuda de Pemex, permitiendo la participación ciudadana, con la finalidad de dirigir nuestros recursos al cumplimiento de nuestros derechos y los de la naturaleza.