Despenalizando la Palabra
En Nuevo León, opinar, investigar o denunciar públicamente la corrupción aún puede llevarte a la cárcel. Mientras lees esto, los delitos de injuria, calumnia y difamación —conocidos como "delitos contra el honor"— se siguen utilizando como un arma penal para silenciar voces, generar autocensura y debilitar nuestra democracia.
Si una persona en el estado ejerce su derecho de cuestionar y fiscalizar el actuar del gobierno y autoridades, así como de actos de corrupción cometidos por los mismos, políticos y servidores públicos usan los delitos de honor como una forma de castigar a quienes cuestionan al poder estatal. Esto no solo afecta a periodistas, defensorxs de derechos humanos y activistas: afecta a cualquier persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión.
La cifra del silencio: Actualmente existen más de 15,000 carpetas de investigación abiertas en el estado bajo estos cargos. Además, la fiscalía está rebasada en la atención de todas estas denuncias, por lo que no atiende temas que la sociedad realmente necesita resolver. Hay delitos que se pueden resolver por la vía civil, mediante justicia restaurativa y no criminalizante. Esto demuestra la magnitud de la persecución y el hostigamiento judicial que enfrentan activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos.
Nuevo León es uno de los últimos dos estados en México que ignora las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de organismos internacionales que exigen despenalizar estos conceptos.
Políticos y servidores públicos usan el Código Penal para castigar a quienes cuestionan al poder. ¡Esto tiene que parar ya!
¿Cuál es la solución?
El colectivo Despenalizando La Palabra, con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ya ha inscrito una iniciativa en el Congreso del Estado que busca:
- Derogar por completo los delitos contra el honor del Código Penal estatal: calumnia, difamación e injurias.
- Mudar la vía al derecho civil: Garantizar que cualquier controversia sobre el honor se resuelva por la vía civil, conforme a los estándares internacionales, sin amenazar con la prisión.
El obstáculo en el Congreso
A pesar de que la iniciativa ya está inscrita, la Diputada Itzel Soledad Castillo Almanza, presidenta del Congreso, ha frenado la discusión en el pleno. Estamos a las puertas del inicio del periodo de sesiones de septiembre y necesitamos una presión ciudadana masiva para que no vuelvan a congelar la reforma.
¿Qué ganamos si firmamos?
Aprobar esta reforma integral traerá beneficios históricos para el estado:
- Democracia real: Se protege la libertad de expresión y se impide el uso del poder del Estado para criminalizar la crítica o la protesta.
- Seguridad jurídica: Periodistas, medios y ciudadanía podrán investigar y expresarse sin miedo a ser encarcelados.
- Liderazgo de derechos humanos: Nuevo León finalmente armonizará sus leyes con los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos.
¿Qué pasa si no actuamos?
Si permitimos que el Congreso ignore esta petición, Nuevo León se consolidará como un estado rezagado y punitivo. Perpetuaremos un entorno de miedo, silencio y persecución penal.
Además, el Estado mexicano seguirá incumpliendo la sentencia de la ONU (derivada del caso de la periodista Lydia Cacho), que obliga al país a despenalizar la difamación en todos los estados federados para proteger a quienes defienden la verdad.
¡Firma y comparte!
Exijamos juntxs a todo el Congreso de Nuevo León que debatan y aprueben la despenalización de la palabra en este periodo de sesiones.
Porque una democracia fuerte necesita más voces, no más silencios.
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